Gener 15, 2022
Per Indymedia Barcelona
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El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Icod de los Vinos (Tenerife) ha decidido desestimar la petición formulada por el padre de un menor de 15 años para que se autorizara judicialmente la vacunación de la covid a su hijo, ante el rechazo de la madre a inocularlo. Este auto, emitido a finales de diciembre, choca frontalmente con la práctica totalidad de los fallos judiciales que han tenido lugar hasta la fecha en España y en los que los jueces se ponen al lado del progenitor que está a favor de la vacuna.

La jueza ha decidido dar la razón a la madre y apoyar su criterio de no vacunar al menor por la “incertidumbre científica” que existe sobre la vacuna y las consecuencias a medio y largo plazo de su administración. El auto se sustenta en el “principio de prudencia” para posicionarse del lado de la madre, que está divorciada del padre del menor.

El joven, que compareció ante la jueza el 1 de diciembre, manifestó su deseo de vacunarse al entender que la vacuna es “confiable” y que “los no vacunados lo pasan peor al contraer el virus”. Sin embargo, la jueza ha decidido respaldar a la madre debido a la “abundante documentación médica y científica sobre la vacuna” aportada por la madre y teniendo en cuenta que por parte del padre y del Ministerio Fiscal “no se aporta ni propone prueba alguna”.

En base a las pruebas aportadas por la madre y entre la que se encuentra un informe del Instituto Carlos III y un análisis elaborado por el doctor en Ciencias Químicas Sergio Pérez Olivero, la jueza entiende que la tasa de mortalidad en España del covid en menores de edad y su tasa de ingreso en la UCI es “insignificante”. “Vacunar a los niños bajo el pretexto de que así protegen a sus abuelos sería éticamente dudoso, máxime cuando hay mecanismos que se han revelado eficaces para evitar la propagación del virus como mascarillas”.

Frente a esto, la jueza pone en evidencia que no se conocen los efectos adversos que la vacuna puede tener a medio y largo plazo. “Es difícil, por no decir imposible, poner en una balanza los efectos adversos a medio o largo plazo de la vacuna del covid, cuando los mismos son desconocidos en el momento actual, de forma que, lo que se está poniendo en uno de los lados de la balanza es una interrogación, una incógnita, para la que a fecha de hoy nadie puede ofrecer una respuesta certera, pues nadie lleva años vacunado del covid”, recoge el auto.

En conclusión, para la jueza, “los posibles efectos adversos de la vacuna en el menor pueden ser muy superiores y pueden tener unas consecuencias adversas para su salud en comparación con el hecho de contagiarse de covid” sin que se le hubiera administrado la vacuna.

A continuación, la jueza pone el ejemplo de una sentencia de reclamación de responsabilidad patrimonial emitida en 2003 en Castilla y León por las lesiones sufridas por un hombre nacido en 1971 y derivadas de la vacunación obligatoria contra la viruela en 1975. De igual forma, menciona el caso de la talidomida, que en los años 60 se suministró a las embarazadas “bajo la creencia de bondades” y que más de cincuenta años después y dadas las malformaciones en los niños de aquellas mujeres ha dado lugar a un Real Decreto de concesión de ayudas, recoge el auto.

“Lo que pretendemos poner de manifiesto al señalar esta jurisprudencia es que los riesgos y efectos adversos de la vacuna covid, al igual que los de cualquier otro medicamento, fármaco o vacuna, pueden aparecer muchos años después de su ingesta o inoculación (…)”, apunta la jueza, que, a renglón seguido, señala que “ya se han documentado efectos adversos graves a corto plazo”, como la miocarditis y pericarditis. Esto sugiere, según entiende, “extremar la prudencia en la inoculación de la vacuna a menores”.

La magistrada llega a dudar de lo “acertado” de la información ofrecida por los medios de comunicación convencionales o las recomendaciones ofrecidas por los cauces oficiales “que no por provenir de organismos públicos han de ser necesariamente acertadas”. Cita como ejemplo que al inicio de la pandemia las autoridades sanitarias desaconsejaban el uso de mascarilla y ahora es obligatorio en espacios cerrados.

La jueza se refiere a que la administración de todo fármaco debe ir precedida de una ponderación entre riesgos posibles y beneficios esperables realizada por un facultativo, la administración sanitaria y el propio usuario, algo que en este caso no se ha dado por los dos primeros actores citados sino solo por los usuarios “que toman la decisión de vacunarse o no”. Finalmente, destaca que a fecha de hoy ninguna de las vacunas cuenta con una autorización de haber finalizado los ensayos clínicos.




Autor font: Barcelona.indymedia.org