Setembre 8, 2021
Per Ràdio Klara
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Artículos Perecederos

Antonio Pérez Collado

El Gobierno no ha querido esperar a que finalizará agosto, mes vacacional por excelencia, para aprobar la primera parte de la nueva reforma de las pensiones. Para este tipo de noticias siempre es mejor pillar a los trabajadores en la playa o en el pueblo de los abuelos que en el puesto de trabajo, donde podría darse el caso de que el tema se comentara en los corrillos y se aclararan esos puntos negativos del Proyecto de Ley de Reforma de las Pensiones.
Porque muy en contra del toque positivo que los grandes medios le están dando en sus titulares al citado proyecto, la verdad es que se trata de un nuevo paso adelante en el proceso de recortar la cuantía de las pensiones y retrasar la edad de jubilación. Basta con leer la totalidad de la noticia para ver que las intenciones de gobierno, patronal y sindicatos (mayoritarios, faltaría más) son muy diferentes de lo que se desprende de comunicados, entrevistas y artículos de opinión con los que el capital de los imperios mediáticos se suma a la tarea de hacer tragar a la opinión pública con semejante agresión a los derechos de la clase trabajadora.
Es cierto que la reforma incluye la eliminación de dos aspectos introducidos por el PP en 2013; por un lado se anula la posibilidad de que el incremento anual de las pensiones pudiera quedar por debajo del IPC (a partir de ahora se garantiza que la subida sea equivalente al alza de los precios del año anterior) y se deroga el factor de sostenibilidad, que aunque nunca se aplicó suponía regular periódicamente el importe de las pensiones según la esperanza de vida. Bien es cierto que antes del 15 de noviembre se volverá a negociar algún sistema para supeditar las pensiones a la evolución de la población jubilada. “Equidad intergeneracional” llaman a la futura fórmula para sustituir al factor de sostenibilidad anulado; como se ve, el PSOE no le va a la zaga al PP a la hora de buscar eufemismos.
Pero una vez retirados estos dos puntos de Rajoy (para quedar bien con la parroquia progresista) el proyecto añade varias medidas cuyo objetivo es poner trabas e incentivos para que la gente se vaya jubilando más tarde. Alegan que la edad media de jubilación está en los 64 años, a pesar de que la edad legal es a los 66 (camino de los 67 pactados por el anterior gabinete socialista con los comprensivos agentes sociales de marras). La estrategia pasa por penalizar las jubilaciones anticipadas y premiar a aquellos trabajadores que alarguen su vida laboral más allá de la edad en la que podrían acogerse a la jubilación.
Contrasta esta fijación en retrasar las jubilaciones con la realidad del mercado de trabajo español, donde más de 3.500.000 trabajadores siguen en el paro y cuando el 94% de los contratos firmados por los jóvenes son temporales. Parecería mucho más lógico adelantar la edad de jubilación (o al menos volver a los 65 años de hace muy poco) para que la juventud tenga acceso a puestos de trabajo dignos y estables, mientras se jubila a las personas que ya han cubierto con creces su aportación a la economía nacional.
Se puede entender que la derecha y el empresariado insistan en que es preciso recortar las pensiones y exprimir hasta casi el final de sus vidas a los trabajadores, pero que la izquierda y el sindicalismo afín compartan los mismos criterios y objetivos es lo que resulta tan sorprendente como indignante. Aunque hay otra izquierda y otro sindicalismo que se movilizan en defensa de las pensiones públicas y por la derogación de las reformas aplicadas por PP y PSOE asumiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, pero estos movimientos que están en contra de los recortes no tendrán los micrófonos y las páginas de los grandes medios para explicar sus reivindicaciones.
Tendrá que seguir siendo en la calle, en las redes sociales y en los medios alternativos donde se siga dando la batalla por unas pensiones públicas y suficientes.



Autor font: Radioklara.org