Un grupo de organizaciones ultraconservadoras lleva a los tribunales leyes, medidas y a partidos contrarios a su ideología. La nueva Ley de Educación, la gestión de la pandemia por parte del Gobierno, los sentimientos religiosos, el ‘procés’, incluso Unidas Podemos. Es la estrategia de los ‘satélites’ de la ultraderecha, que además preparan en sus propias academias a los futuros jueces, abogados y políticos.

Manifestación de la ultraderecha en Madrid.-ARCHIVO 

Por Ana Maria Pascual en Público. 10 de Enero del 2021

Llaman a su cruzada ‘Batalla de la Libertad’ y se definen a sí mismos como constitucionalistas. Un grupo cada vez más amplio de entidades ultraderechistas españolas recurren a los juzgados para intentar revertir decisiones políticas que no concuerdan con su ideología: violencia de género, educación igualitaria, eutanasia, derecho al aborto, libertad de expresión sobre el catolicismo y la monarquía … Incluso los artistas son continuamente cuestionados y denunciados cuando tratan estas cuestiones.

Entidades como HazteOir.org y la asociación de Abogados Cristianos son  activistas del lawfare. Esta expresión anglosajona, traducida como guerra judicial, ha cobrado en los últimos tiempos un gran protagonismo en España, al llegar a los juzgados un buen número de denuncias y querellas de entidades ultraconservadoras contra todo lo que suponga un cuestionamiento de sus principios políticos y religiosos. Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, explica a Público que fue sobre todo a raíz de la moción de censura a Mariano Rajoy y la conformación del Gobierno de coalición cuando “se ha exacerbado esta guerra judicial”.

Urías no cree que sea negativo que las grandes cuestiones de Estado acaben en el Tribunal Constitucional para su estudio. Pero considera una “perversión” que los juzgados ordinarios actúen “a expensas de grupos de presión que lo que quieren es imponer su ideología y su modelo de Estado”. Este “activismo judicial” se ve claramente, según Urías, en todo lo relacionado con la gestión de la pandemia por parte del Gobierno y en las cuestiones relacionadas con el procés catalán.

Este experto en Derecho Constitucional advierte de que el activismo judicial de algunos grupos ultraderechistas, como Abogados Cristianos, “está consiguiendo despertar en algunos juzgados una actividad censora, que no les corresponde, en aras de preservar su ideología religiosa y política. Y cita como ejemplo, la reciente sentencia de un juzgado malagueño contra la manifestación del chumino rebelde, en la que se ha condenado a una mujer por vulnerar los sentimientos religiosos.

Instituto de Política Social:  querella contra la Ley Celáa

“La batalla está en los tribunales”, dice Pablo Hertfelder, presidente de la asociación Instituto de Política Social, a Público, para justificar la querella que ha presentado su entidad contra la nueva Ley de Educación, conocida como Ley Celáa. “Nos dimos cuenta de que no podemos conformarnos con salir a la calle a manifestarnos, hay que presentar denuncias constantemente para hacer cumplir la Constitución, en cuanto a la libertad religiosa, la libertad de las familias para elegir centro educativo, etc.”, explica Hertfelder, vallisoletano de 23 años.

Le extraña a este joven que la plataforma Más Plurales, organizada a raíz de la movilización contra la nueva Ley de Educación, “no haya presentado aún una querella contra esta reforma que perjudica a los centros concertados. Cuantas más denuncias, mejor“, dice Hertfelder. El PP, Vox, y Cs ya han anunciado que llevarán la Ley Celáa al Tribunal Constitucional.