Març 20, 2021
Per Ràdio Klara
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El Vaivén de Rafael Cid

Rafael Cid

El 13 de febrero de 2020, escasos meses después de que llegara al poder el único Gobierno de coalición de izquierdas habido en España desde la Segunda República, fallecía en Valencia el primer enfermo de coronavirus, aunque por esas fechas la enfermedad aún no llevaba su fatídico apellido. Casi al mismo tiempo, a 350 kilómetros de la capital del Turia, los organizadores del Barcelona Mobil World Congress (MWC), el mayor certamen mundial sobre nuevas tecnologías, anunciaban la clausura de la edición de ese año. Una apuesta empresarial muy criticada por las autoridades políticas, que tanto a nivel municipal y autonómico como estatal tacharon de alarmista e injustificada la medida. Incluso hubo ministros del nuevo Ejecutivo, como el titular de la cartera de Consumo, Alberto Garzón, que llegaron a insinuar la existencia de una mano negra detrás de la decisión de aplazamiento. <<Nadie lo vio venir>>, sería luego la letanía exhibida para tratar de excusar una postura negacionista ante la emergencia sanitaria que marcaría toda la legislatura y crearía un antes y un después en nuestra historia reciente.

Solo desde esa perspectiva de supremacismo ideológico desde las instituciones, cabe entender que un casi un mes después, cuando la pandemia hacia estragos en media Europa, los poderes públicos no trataran de disuadir a sus promotores sobre la inoportunidad de algunas celebraciones masivas convocadas por esas fechas. Los aeropuertos siguieron abiertos sin limitar los vuelos procedentes de las zonas de riesgo; el partido de extrema derecha Vox dio un mitin multitudinario en la madrileña plaza de Toros de Vistalegre con más de 8.000 simpatizantes apiñados en el recinto, y en la misma capital tuvo lugar la mayor marcha del 8M, para celebrar el Día Internacional de la Mujer, con cientos de miles de manifestantes. La capitalización política y partidista de los eventos había puesto sordina a la galopante realidad de una emergencia sanitaria que nos situaría en adelante, ola va ola vine, como una de las regiones del planeta con más fallecidos, número de afectados y sanitarios infectados por la Covid-19. Dos estudios independientes han coincidido en estimar que adelantar una semana el confinamiento <<hubiera ahorrado el 60% de los contagios>> (Fedea 14/02/2020) o <<20.000 muertos en la primera ola>> (Universidad Rovira i Virgili 20/02/2021).

El alud letal que incubó esa negligencia desbordó las peores previsiones, colapsando hospitales, tanatorios y residencias de ancianos, las víctimas propiciatorias de una muerte perfectamente anunciada. Y sorpresivamente, a los seis días de tener lugar esas algarabías, a la altura del 14 de marzo (48 antes Madrid cerraba colegios y centros de la tercera edad), se decretaba un estricto estado de alarma (que un año después sigue con el alias de <<cogobernanza>>) y el parón de toda actividad empresarial no esencial, con una sobreactuación que buscaba solapar la anterior indigencia. Todo ello militarizando la información a la ciudadanía mediante partes diarios emitidos por un responsable de la sanidad pública escoltado por altos mandos del Ejército, la Policía y la Guardia, en disparatadas comparecencias televisivas que solían concluir con un cuartelero <<sin novedad en la Operación Balmis>>. Los idus de marzo daban paso a la <<nueva normalidad>>.

Sin embargo, la debacle pandémica no llegó sola. Vasos comunicantes, a la crisis sanitaria, y en buena medida a causa de ella y de las irresponsables imprevisiones, acto seguido hubo que sumar una equivalente de carácter económico-social. Entonces la respuesta emitida desde las alturas cambió de rima pero siguió manteniendo la misma fórmula escapista. Al <<nadie lo vio venir>> sucedió el <<en todos los países ocurre lo mismo>>. Pero no era así, por más que la propaganda oficial consiguiera encandilar a una parte significativa de la opinión pública, bien alimentada por una opinión publicada al servicio del poder, a la que costaba creer que el <<gobierno de los nuestros>> fuera capaz de tamaña incongruencia. Y si en los primeros acordes de la funesta secuencia se optó por hacer de los platós informativos patrióticas salas de banderas para inducir en la gente un extraño sentimiento de seguridad, entrados en la <<nueva normalidad>> fueron las arengas demagógicas lo que se impuso. La coral gubernamental convirtió en un mantra de obligado sentimiento términos y expresiones como <<el escudo social>> o <<que nadie se queda atrás>>, cuya sola enunciación debería provocar efectos taumatúrgicos. Un remedo posmoderno de aquel Barón de Munchausen que tirando de sus cabellos hacia arriba creía poder asaltar los cielos.

Pero la tozuda realidad habitaba bajo el empedrado de consignas y monsergas, algunas compradas al enemigo de antaño sin mirarlas el diente. Seguramente porque en una guerra todo vale y cuando prende la contienda la primera víctima es la verdad, algunos recursos utilizados en la campaña antipandemia con más profusión y alharaca eran desechos de tienta. De esta forma, se recauchutaron para hacer frente a la crisis mecanismos represivos de la denostada <<ley mordaza>> a fin de meter en vereda con multas y sanciones a quienes se saltaran el draconiano confinamiento decretado, en realidad un <<arresto domiciliario>> encubierto. Por no hablar del grandioso descubrimiento por parte del ministerio de Trabajo de las enormes posibilidades terapéuticas que entrañaba la última reforma laboral del Partido Popular en la aplicación de los ERTE por fuerza mayor. Bastó con que la medida se presentara con la etiqueta <<prohibido despedir>> para que lo que solo unos meses atrás se consideraba un enemigo a batir pasara a constituir una de las armas más socorridas del <<escudo social>>. Ni tanto ni tal calvo. Los ERTE de fuerza mayor para nada prohibían el despido, que sigue siendo libre según tarifa a aplicar. Lo que hacían, eso sí, era incentivar que las empresas acogidas a sus beneficios (exención total o parcial de cuotas sociales, entre otros) se comprometieran a no rescindir los contratos de los empleados así amparados (pasaban a recibir tres cuartas partes de sus salarios del desempleo sin merma de periodo de percepción) por el mínimo de 20 días por año que establece el Estatuto de los Trabajadores para los calificados de procedentes.

Ciertamente esa fue una medida útil para contener la hemorragia social. Pero no fue gratis ni creo un hecho de excelencia entre lo actuado por el gobierno de coalición de izquierda y sus pares en el continente. A fin de cuentas, de cada cuatro euros de los ERTE tres eran de dinero público (de todos los contribuyentes, incluidos los propios afectados), y faltó equidad social en su distribución desde el momento en que, sin prácticamente diferencias significativas, se acogieron bajo idéntica cobertura a microempresas y autónomos sin apenas recursos propios y grandes corporaciones y multinacionales con multimillonarios beneficios y potente músculo financiero. Algo que imitaron otros países de nuestro entorno, con la diferencia a su favor que allí, junto a modalidades equivalentes a nuestros ERTE (en buena medida transferencias de renta o estabilizadores automáticos), se ofrecieron ayudas directas a los sectores más vulnerables. Paliativo que aquí escaseó, sustituyendo dicha casuística por préstamos ICO y avales públicos. Conviene recordar que todas las acciones aplicadas para asegurar el empleo fueron fruto del acuerdo confluyente entre el gobierno, los sindicatos CCOO y UGT, y la gran patronal CEOE desde el minuto cero de la pandemia. Prueba de que el arsenal de protección social recogía los respectivos intereses creados del mundo institucional del Capital y del Trabajo, y muy especialmente de aquellos espacios vinculados a la negociación colectiva. En ese marco, los grandes damnificados fueron los trabajadores y autónomos que ejercen su actividad en los márgenes de esas pautas regladas, en un modelo productivo dominado por la precariedad contractual y el minifundismo económico. Colectivos que, forzados al paro coyuntural, siguen no obstante teniendo que pagar religiosamente todo tipo de impuestos. Siendo especialmente lacerante el caso de las personas que operaban en el sector eventos, un ámbito laboral que nada más irse a negro el Mobil en el temprano 13 de febrero año anterior se vino abajo como un castillo de naipes. Electricistas, maquinistas, tramoyistas, proyectistas, luceros, técnicos de sonido, etc., han sido el canario en la mina de la crisis sanitaria. A día de hoy, cuando empieza a hablarse de una cuarta ola del coronavirus sin que hayamos superado la tercera ni mejorado significativamente las carencias estructurales del sistema asistencial, millones de trabajadores por cuenta propia y asimilados, se han visto arrojados a las colas del hambre debido al cierre patronal impuesto por los gobiernos central y autonómicos en el ámbito del turismo, la hostelería y los servicios.

Por más que las mentiras sabiamente programadas en la sociedad de la información prosperen de tanto repetirlas, en el feudo de las estadísticas suelen tener las patas cortas. Con una buena dosis de irredentismo ideológico se puede conllevar la mitología ambiente, pero no cambiar los hechos ni los datos. La verdad del porquero siempre se abre paso para las conciencias despiertas. Ni el tan cacareado <<escudo social>>, ni siquiera el bienintencionado <<que nadie se queda atrás>> han evitado que la realidad se imponga entre la espesura de argumentarios de parte y síndromes de Estocolmo paralizantes. Circunstancias sobrevenidas que permitieron flagrantes atentados a la democracia como la suspensión cautelar del Congreso y de los juzgados, dejando en barbecho derechos fundamentales como la participación política y la seguridad jurídica. La España de aquí y ahora, con un flamante gobierno de coalición de izquierdas, es la sociedad de toda la Unión Europea (UE) que ostenta uno de los peores ratios de empleo, sin paliativos ni disfraces. El doble de paro que la media de la UE (16,2% frente al 8,3%), récord absoluto tras la tres veces rescatada Grecia; el mayor índice de desempleo entre jóvenes de entre 18 y 25 años (40,9%, en este caso por encima de los helenos); y se asoma además al trauma desolador de registrar que el 27% de los niños españoles se encuentran en riesgo de pobreza.

Frente a eso, las autoridades festejan con himnos de la alegría al piano e infantiles aplausos al líder que Bruselas haya aprobado entregar fondos de reconstrucción por 140.000 millones de euros, en parte iguales de créditos a devolver y a fondo perdido, como prueba de que frente al austericidio de la Gran Recesión del 2008, en esta ocasión brillaría la solidaridad porque el gobierno ha fiado una <<salida progresista a la crisis>>. Es una forma como otra cualquiera de perorar la realidad. Lo cierto es que no hay tanta distancia entre un rescate y otro. Si entonces se auxilió con dinero público a la banca para que no colapsara con el consiguiente reguero de quiebras empresariales, perjuicios sin cuento entre los ahorradores y clientes (a costa de liquidar las cajas de ahorro), ahora el trato conlleva la exigencia de que las ayudas se destinen a sufragar la transición a una nueva economía, digital y verde a ser posible. Todo ello bajo el modelo de gestión público-privado, perspectiva ante la que ya están posicionándose las grandes firmas, que ven su gran oportunidad para hacer con dinero público y subvenciones las fuertes inversiones pendientes para modernizar su tejido empresarial. Lo que solían postergar por serles más rentable un sistema económico a pedales, encofrado por trabajo mal recompensado y peor pagado. Eso y que las multimillonarias remesas europeas serán controladas y administradas en exclusiva por el gobierno y sus redes clientelares gracias a la decisiva abstención de la extrema derecha de Vox.

Incluso, con ser meritorias y atractivas iniciativas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la ampliación y equiparación del permiso de maternidad-paternidad o la legalización de la eutanasia, el balance consolidado no supera la prueba del papel de tornasol ideológico, en una escala de valores del rojo al amarillo. Llegados a este punto alguien podría decir con rotunda legitimidad que todo eso podría haber sido mucho peor si en vez de tener un gobierno de izquierdas estuviera la derecha en el poder. Pero ni siquiera eso se sostiene cabalmente. Según el informe Las respuestas sociales fiscales de la zona euro contra la crisis de la Covid-19, publicado el 2 de febrero último por el Banco Central Europeo (BCE), en 2020 España fue el miembro de la zona euro que menos dinero gastó en relación al PIB para paliar los efectos de la pandemia: una auténtica brecha social que va de nuestro 1,3% a la media del 4% de los restantes 19 países que integran la eurozona. Y para nadie es un misterio que todos esos gobiernos, sin excepción, pertenecen a la derecha conservadora y liberal. Eso ha sido compatible con el hecho de que la primera medida tomada por el Gobierno de coalición de izquierda, a los cuatro días de decretarse el primer estado de alarma, consistiera en blindar jurídicamente a los grandes del IBEX 35 para evitar que al socaire de la pandemia fueran opados por inversores de fuera de la UE, y que la única nacionalización realizada hasta la fecha ha sido sobre la compañía aérea Air Europa, inyectando más de 475 millones de euros de dinero público.

(Nota. Este artículo se ha publicado en el número de Marzo de Rojo y Negro)




Autor font: Radioklara.org